HASTA LO RENUNCIAN POR INTERNET
Revocan la condena a “El Silva”, sentenciado por el crimen de la periodista Regina Martínez!
Por Noé Zavaleta
JALAPA, Ver. (apro).- La séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por una juez de primera instancia a Jorge Antonio Hernández, El Silva, por el crimen de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, re-gistrado en abril de 2012.
En votación mayoritaria, los magistrados, Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra --Martha Ramírez Trejo emitió voto particular--, decidieron anular la sentencia dictada a El Silva, al considerar que se violaron sus garantías en el proceso penal y careció con una debida defensa, porque el litigante de oficio asignado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cumplió cabalmente con su función.
Según la toca 673-13 del TSJE que obra en poder del reportero, “no se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no medio orden de aprehensión para la detención del inculpado y este fue detenido 6 meses después de los hechos, trasgrediendo así los artículos 14 y 16 constitucionales”.
Además, se establece que Jorge Antonio Hernández confesó su culpabilidad del crimen mediante “tortura”, siendo su declaración confesa la única prueba válida de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) para sostener la versión de que Hernández fue uno de los dos asesinos materiales de Regina Martínez.
Prosigue:
“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”.
Regina Martínez fue privada de su vida en abril del año pasado, en medio de irregularidades, inconsistencias, pifias y negativas a proporcionar información por parte del Ministerio Público de la PGJE y del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa.
De entonces a la fecha, el gobierno de Javier Duarte se ha empeñado en circunscribir el crimen en el robo, sin ahondar en la línea de su trabajo periodístico, como lo pidió el semanario Proceso en su momento.
De acuerdo con los magistrados de la séptima sala penal del TSJE, los testimoniales para incriminar a El Silva fueron de “oídas” y, por si fuera poco, son “demasiado contradictorios”.
“Nadie revela que haya sido la persona (El Silva) que se introdujera a la casa de Regina en fecha 28 de abril del 2012, pues por el contrario existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”, dice la resolución judicial.
Culpables al vapor
En la edición del pasado 10 de marzo, la revista Proceso (número 1897) documentó la serie de irregularidades cometidas por las autoridades ministeriales y judiciales de Veracruz para inculpar a El Silva en el crimen de la corresponsal.
Según el texto escrito por el reportero Jorge Carrasco, el 30 de octubre de 2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención del Silva y que su oficina estaba en busca del Jarocho, un delincuente y sexoservidor a quien presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo día los consignó ante la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez Beatriz Rivera Hernández dictó el auto de formal prisión contra El Silva.
La juez desechó por completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien negó su responsabilidad y acusó a la PGJ de tortura y retención ilegal durante varias semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre, su único lazo afectivo, si no lo hacía.
Analfabeto y portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, en aquel entonces de 34 años, firmó su declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y detallada como la de una persona con preparación, según consta en la investigación ministerial 019/2012/PC.
Desde que fue llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la población del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios recogidos en el centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y noche. Su encarcelamiento es muy distinto al de la primera vez, cuando fue condenado por robo. En ese entonces trabajaba en la misma prisión para obtener dinero.
Ahora teme que lo maten. Está en permanente tensión. Ante quienes puede hablar insiste en su inocencia: "Sí he robado pero nunca he matado a nadie". Internos procesados por delincuencia organizada dudan también de su participación en el homicidio de la reportera.
Sin recursos para su defensa, por lo que había tenido dos abogados de oficio, le apareció repentinamente un litigante particular (no se sabe quién lo contrató), Adair Gasca Hernández, quien se presentó después de que la juez Rivera ya había cerrado la instrucción de la causa penal 358/2012 el pasado 15 de enero.
La juez consideró que ya no había más pruebas que aportar a favor del acusado, pese a que la PGJ no ha aprehendido al Jarocho, quien ya había sido detenido en junio del año pasado y luego fue puesto en libertad no obstante que para entonces la procuraduría ya había incluido su nombre en las investigaciones del asesinato de Regina Martínez. En aquella detención, lo fichó y en la fotografía aparece con la cara golpeada.
Según Consuelo Lagunas, el prófugo es un halcón, como se conoce a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada. La funcionaria dijo que lo tenían ubicado.
La juez tampoco consideró las declaraciones de un operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011 aseguró que en el asesinato estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa, según dio a conocer Proceso en su número 1879.
En los 26 meses de gobierno de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz. De esos casos el gobierno asegura haber "esclarecido" seis, pero evitó procesar a los culpables porque al parecer estaban vinculados con la delincuencia organizada, un delito del fuero federal.
Desaseo judicial
Al igual que la PGJ, la juez Rivera desestimó la petición del semanario para que se investigara la posible relación del homicidio con la cobertura periodística de su corresponsal. En las actuaciones judiciales no hay ningún peritaje al respecto ni durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ni en el de Duarte.
A casi dos meses de haber cerrado la instrucción, la juez no ha emitido sentencia contra El Silva y en cambio ha seguido realizando diligencias judiciales, como la del 19 de febrero pasado, cuando se evidenció el desaseo judicial y la complicidad de la PGJ y de la juez en el caso.
Ese día debían comparecer los policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Ángel Pérez Martínez y Jorge Luis Téllez Ruiz, quienes detuvieron al Silva.
Los agentes de la AVI, dependiente de la PGJ, sí llegaron, pero no fue posible el careo entre ellos, el acusado y el abogado defensor en la mesa 9 de la rejilla de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia, donde está radicado el expediente judicial.
La audiencia se suspendió porque no se esperaba la presencia de la prensa.
--¿Por qué no hubo diligencia?-- preguntaron los reporteros al comandante Braulio, encargado de presentar a los oficiales de la AVI en el juzgado.
--No sé. No se presentó el abogado defensor del Silva, quien solicitó la diligencia. Se tendrá que acordar y volver a agendar. Ya me voy--, respondió.
Sin embargo la juez dio otra versión: "Que no vengan a decir mentiras. Aquí está el acta. Se abrió a las 10:05 AM. No se presentaron los policías y se tuvo que cerrar. Se llevará a cabo la próxima semana, probablemente el martes".
La juez mostró un acta con las rúbricas de la agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Blanca Estela Gómez Ruiz, y del abogado defensor, Adair Gasca Hernández.
Aunque la diligencia estaba programada para las 10 de la mañana no fue sino hasta las dos de la tarde cuando el comandante Braulio se retiró del juzgado junto con los dos agentes de la AVI.
Sorprendidos por la presencia de la prensa, los policías esperaron cuatro horas para ser llamados a la rejilla de prácticas, mientras el encargado de la mesa 9 del juzgado, Noé Rojas, no ocultaba su nerviosismo mirando a los periodistas. Se encerró en dos ocasiones con la juez. No dijo ni una sola palabra.
--¿Quién mintió?--, preguntaron los reporteros a la juez Rivera.
--Nosotros no. Aquí está la firma del abogado, Adair Gasca.
Insistió: "Sí vino, lo tienen que haber visto afuera, un chaparrito, con los pelos parados, ni prieto ni blanco".
--¿Por qué el comisionado de la AVI dijo que no se presentó el abogado?
--A mí pregúntenme de lo mío. Aquí ha venido a declarar la esposa del Silva, el que vende papitas y conocía al Silva y al Jarocho, La Mafer, el que vio la compra-venta de los artículos de Regina y el que bebía licor por la casa de la difunta el día del asesinato.
La juez replicó la versión difundida por la PGJ el 12 de noviembre, dos semanas después de consignar al Silva, según la cual encontró en posesión de Sergio Hernández Martínez, un travesti conocido como La Mafer, el reloj de la periodista. Según la procuraduría, El Jarocho y El Silva fueron quienes le vendieron el reloj.
En su comunicado 4921 la PGJ reiteró que el único móvil del crimen fue el robo y que lo dicho por La Mafer "fortalece la imputación en contra del procesado, pues los familiares de la periodista Regina Martínez reconocieron el objeto robado por los homicidas y que éstos tenían en posesión".
El pasado martes 5, un día después de que la abogada Coq Toscanini declarara "el nulo avance, inconsistencias e irregularidades" en el proceso judicial, la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas, acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado para reunirse con su presidente, Alberto Sosa Hernández.
Ambos negaron que el caso estuviera cerrado y, contrario a lo acordado por la juez cuando el 15 de enero cerró la instrucción contra Hernández Silva, el presidente del TSJ declaró: "No se ha dado por concluida la instrucción... Si existe un recurso, nosotros tendremos que esperar para que se envíen de nueva cuenta al juzgador. No hay responsabilidad (de irregularidades o inconsistencias), son los tiempos que se llevan para la resolución", declaró.
Sosa salió en defensa de la juez Rivera, quien es cercana a Alejandro Dávila Vera, su secretario particular. El presidente del TSJ responsabilizó a la PGJ: Hay diligencias e interrogatorios que no se han llevado a cabo. Sin embargo "no es relativo al Poder Judicial, sino al Ministerio Público. El juzgador, al ir, cumple con su cargo, con la fecha acordada. Si no se llevan a cabo (las diligencias), el juzgador tendrá que hacer uso de los medios de apremio; es el Ministerio Público el que debe impulsar ese procedimiento".
Lagunas se deslindó y señaló a la Dirección General de Control de Procesos, "y eso no es de mi competencia", cortó.
JALAPA, Ver. (apro).- La séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por una juez de primera instancia a Jorge Antonio Hernández, El Silva, por el crimen de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, re-gistrado en abril de 2012.
En votación mayoritaria, los magistrados, Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra --Martha Ramírez Trejo emitió voto particular--, decidieron anular la sentencia dictada a El Silva, al considerar que se violaron sus garantías en el proceso penal y careció con una debida defensa, porque el litigante de oficio asignado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cumplió cabalmente con su función.
Según la toca 673-13 del TSJE que obra en poder del reportero, “no se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no medio orden de aprehensión para la detención del inculpado y este fue detenido 6 meses después de los hechos, trasgrediendo así los artículos 14 y 16 constitucionales”.
Además, se establece que Jorge Antonio Hernández confesó su culpabilidad del crimen mediante “tortura”, siendo su declaración confesa la única prueba válida de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) para sostener la versión de que Hernández fue uno de los dos asesinos materiales de Regina Martínez.
Prosigue:
“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”.
Regina Martínez fue privada de su vida en abril del año pasado, en medio de irregularidades, inconsistencias, pifias y negativas a proporcionar información por parte del Ministerio Público de la PGJE y del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa.
De entonces a la fecha, el gobierno de Javier Duarte se ha empeñado en circunscribir el crimen en el robo, sin ahondar en la línea de su trabajo periodístico, como lo pidió el semanario Proceso en su momento.
De acuerdo con los magistrados de la séptima sala penal del TSJE, los testimoniales para incriminar a El Silva fueron de “oídas” y, por si fuera poco, son “demasiado contradictorios”.
“Nadie revela que haya sido la persona (El Silva) que se introdujera a la casa de Regina en fecha 28 de abril del 2012, pues por el contrario existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”, dice la resolución judicial.
Culpables al vapor
En la edición del pasado 10 de marzo, la revista Proceso (número 1897) documentó la serie de irregularidades cometidas por las autoridades ministeriales y judiciales de Veracruz para inculpar a El Silva en el crimen de la corresponsal.
Según el texto escrito por el reportero Jorge Carrasco, el 30 de octubre de 2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención del Silva y que su oficina estaba en busca del Jarocho, un delincuente y sexoservidor a quien presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo día los consignó ante la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez Beatriz Rivera Hernández dictó el auto de formal prisión contra El Silva.
La juez desechó por completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien negó su responsabilidad y acusó a la PGJ de tortura y retención ilegal durante varias semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre, su único lazo afectivo, si no lo hacía.
Analfabeto y portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, en aquel entonces de 34 años, firmó su declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y detallada como la de una persona con preparación, según consta en la investigación ministerial 019/2012/PC.
Desde que fue llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la población del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios recogidos en el centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y noche. Su encarcelamiento es muy distinto al de la primera vez, cuando fue condenado por robo. En ese entonces trabajaba en la misma prisión para obtener dinero.
Ahora teme que lo maten. Está en permanente tensión. Ante quienes puede hablar insiste en su inocencia: "Sí he robado pero nunca he matado a nadie". Internos procesados por delincuencia organizada dudan también de su participación en el homicidio de la reportera.
Sin recursos para su defensa, por lo que había tenido dos abogados de oficio, le apareció repentinamente un litigante particular (no se sabe quién lo contrató), Adair Gasca Hernández, quien se presentó después de que la juez Rivera ya había cerrado la instrucción de la causa penal 358/2012 el pasado 15 de enero.
La juez consideró que ya no había más pruebas que aportar a favor del acusado, pese a que la PGJ no ha aprehendido al Jarocho, quien ya había sido detenido en junio del año pasado y luego fue puesto en libertad no obstante que para entonces la procuraduría ya había incluido su nombre en las investigaciones del asesinato de Regina Martínez. En aquella detención, lo fichó y en la fotografía aparece con la cara golpeada.
Según Consuelo Lagunas, el prófugo es un halcón, como se conoce a quienes hacen trabajo de vigilancia para la delincuencia organizada. La funcionaria dijo que lo tenían ubicado.
La juez tampoco consideró las declaraciones de un operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011 aseguró que en el asesinato estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa, según dio a conocer Proceso en su número 1879.
En los 26 meses de gobierno de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz. De esos casos el gobierno asegura haber "esclarecido" seis, pero evitó procesar a los culpables porque al parecer estaban vinculados con la delincuencia organizada, un delito del fuero federal.
Desaseo judicial
Al igual que la PGJ, la juez Rivera desestimó la petición del semanario para que se investigara la posible relación del homicidio con la cobertura periodística de su corresponsal. En las actuaciones judiciales no hay ningún peritaje al respecto ni durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ni en el de Duarte.
A casi dos meses de haber cerrado la instrucción, la juez no ha emitido sentencia contra El Silva y en cambio ha seguido realizando diligencias judiciales, como la del 19 de febrero pasado, cuando se evidenció el desaseo judicial y la complicidad de la PGJ y de la juez en el caso.
Ese día debían comparecer los policías de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Ángel Pérez Martínez y Jorge Luis Téllez Ruiz, quienes detuvieron al Silva.
Los agentes de la AVI, dependiente de la PGJ, sí llegaron, pero no fue posible el careo entre ellos, el acusado y el abogado defensor en la mesa 9 de la rejilla de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia, donde está radicado el expediente judicial.
La audiencia se suspendió porque no se esperaba la presencia de la prensa.
--¿Por qué no hubo diligencia?-- preguntaron los reporteros al comandante Braulio, encargado de presentar a los oficiales de la AVI en el juzgado.
--No sé. No se presentó el abogado defensor del Silva, quien solicitó la diligencia. Se tendrá que acordar y volver a agendar. Ya me voy--, respondió.
Sin embargo la juez dio otra versión: "Que no vengan a decir mentiras. Aquí está el acta. Se abrió a las 10:05 AM. No se presentaron los policías y se tuvo que cerrar. Se llevará a cabo la próxima semana, probablemente el martes".
La juez mostró un acta con las rúbricas de la agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Blanca Estela Gómez Ruiz, y del abogado defensor, Adair Gasca Hernández.
Aunque la diligencia estaba programada para las 10 de la mañana no fue sino hasta las dos de la tarde cuando el comandante Braulio se retiró del juzgado junto con los dos agentes de la AVI.
Sorprendidos por la presencia de la prensa, los policías esperaron cuatro horas para ser llamados a la rejilla de prácticas, mientras el encargado de la mesa 9 del juzgado, Noé Rojas, no ocultaba su nerviosismo mirando a los periodistas. Se encerró en dos ocasiones con la juez. No dijo ni una sola palabra.
--¿Quién mintió?--, preguntaron los reporteros a la juez Rivera.
--Nosotros no. Aquí está la firma del abogado, Adair Gasca.
Insistió: "Sí vino, lo tienen que haber visto afuera, un chaparrito, con los pelos parados, ni prieto ni blanco".
--¿Por qué el comisionado de la AVI dijo que no se presentó el abogado?
--A mí pregúntenme de lo mío. Aquí ha venido a declarar la esposa del Silva, el que vende papitas y conocía al Silva y al Jarocho, La Mafer, el que vio la compra-venta de los artículos de Regina y el que bebía licor por la casa de la difunta el día del asesinato.
La juez replicó la versión difundida por la PGJ el 12 de noviembre, dos semanas después de consignar al Silva, según la cual encontró en posesión de Sergio Hernández Martínez, un travesti conocido como La Mafer, el reloj de la periodista. Según la procuraduría, El Jarocho y El Silva fueron quienes le vendieron el reloj.
En su comunicado 4921 la PGJ reiteró que el único móvil del crimen fue el robo y que lo dicho por La Mafer "fortalece la imputación en contra del procesado, pues los familiares de la periodista Regina Martínez reconocieron el objeto robado por los homicidas y que éstos tenían en posesión".
El pasado martes 5, un día después de que la abogada Coq Toscanini declarara "el nulo avance, inconsistencias e irregularidades" en el proceso judicial, la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas, acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado para reunirse con su presidente, Alberto Sosa Hernández.
Ambos negaron que el caso estuviera cerrado y, contrario a lo acordado por la juez cuando el 15 de enero cerró la instrucción contra Hernández Silva, el presidente del TSJ declaró: "No se ha dado por concluida la instrucción... Si existe un recurso, nosotros tendremos que esperar para que se envíen de nueva cuenta al juzgador. No hay responsabilidad (de irregularidades o inconsistencias), son los tiempos que se llevan para la resolución", declaró.
Sosa salió en defensa de la juez Rivera, quien es cercana a Alejandro Dávila Vera, su secretario particular. El presidente del TSJ responsabilizó a la PGJ: Hay diligencias e interrogatorios que no se han llevado a cabo. Sin embargo "no es relativo al Poder Judicial, sino al Ministerio Público. El juzgador, al ir, cumple con su cargo, con la fecha acordada. Si no se llevan a cabo (las diligencias), el juzgador tendrá que hacer uso de los medios de apremio; es el Ministerio Público el que debe impulsar ese procedimiento".
Lagunas se deslindó y señaló a la Dirección General de Control de Procesos, "y eso no es de mi competencia", cortó.