ITINERARIO POLÍTICO
Por RICARDO ALEMÁN
Es una buena noticia, digna de aplauso, que el Ejército, la Marina y la Policía Federal hayan concretado la captura del jefe visible del cártel del Golfo: Mario Ramírez Treviño, alias "El Pelón" o "El X-20".
También es cierto que con la detención de Ramírez Treviño y recientemente de Miguel Ángel Treviño Morales, alias "El Z-40", el gobierno de Enrique Peña Nieto se apunta dos golpes espectaculares en la lucha en contra del crimen organizado y las bandas que no sólo mercadean drogas sino controlan todas las actividades criminales.
Sin embargo, la pregunta obligada no es sobre los pasos que dará el gobierno en dirección a nuevas detenciones de reputados capos. No, lo que esperan los ciudadanos es la madrugada en que serán sorprendidos por la Suprema Corte de Justicia o por un juez federal o del Fuero Común, que anuncien la liberación de "El X-20", de "El Z-40", del "Mocha orejas" u otra de las joyas de las prisiones del país.
¿Qué sigue a la detención del "X-20"?, preguntan especialistas. Pues lo que sigue es lo que ocurrió a lo largo del sexenio de Felipe Calderón y que empieza a ocurrir con Peña Nieto; que mientras no se produzca una verdadera purga en el corrupto Poder Judicial, y mientras no se insista en una verdadera capacitación para los agentes del Ministerio Público —federales y locales—, la persecución de las bandas criminales, de los grandes capos y la aplicación de la justicia seguirán siendo una broma que ofende a los ciudadanos.
A menos que se acabe con los corruptos ministros de la Corte, con los jueces y magistrados que venden la justicia al mejor postor y que se enriquecen con la liberación de secuestradores, criminales, narcotraficantes y hasta rateros de barrio, de poco o nada servirá el esfuerzo del gobierno federal y de los gobiernos estatales a favor de la seguridad y en la lucha contra el crimen.
Por eso las preguntas. ¿Quién, en sano juicio, puede asegurar que la liberación de la secuestradora Florence Cassez y del narcotraficante Rafael Caro Quintero fueron procesos transparentes, apegados a derecho, ajenos a presiones políticas y al manoseo interesado? ¿De verdad no hay ministros de la Corte, jueces y magistrados corruptos? ¿De verdad los ministros, magistrados y jueces resistirán un examen de confianza; pasarán el polígrafo; una prueba que compare patrimonio y salario? ¿Cuántos años de cárcel habría en todo el Poder Judicial si se investiga, desde lo más alto a lo más bajo? ¿Cuántos deshonestos como Góngora Pimentel existen en la Corte y en el Poder Judicial todo?
Lo cierto es que el Ejecutivo y el Judicial parecen las dos caras de la misma moneda del Estado mexicano; un gobierno que sea con Felipe Calderón Hinojosa, sea con Enrique Peña Nieto, se empeña en capturar criminales de alto registro —como el Z-40 y "El Pelón"—, y un Poder Judicial corrupto que lo mismo libera a la secuestradora Florence Cassez que al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Y es que los poderes Ejecutivo y Judicial —del Estado mexicano—, parecen atacados por la fea enfermedad de la esquizofrenia, que no sólo confrontan sus tareas y objetivos sino que, en el extremo, anula su eficacia institucional y exhibe trapacerías en ambos bandos, pero sobre todo en el Poder Judicial en donde campea la corrupción; la justicia al mejor postor.
Pero lo más simpático de la carrera entre un Poder Ejecutivo que invierte millonadas en la detención de criminales, y un Poder Judicial que se apresura en liberar a esos mismos criminales, es que a los primeros se les exigen transparencia, exámenes de confianza, certeza de honestidad y de que no mantienen vínculo criminal, mientras los segundos se escandalizan cuando alguien se atreve a insinuar lo que es secreto a voces; "que el Poder Judicial es un nido de ratas".
¿Por qué se somete a controles de confianza a procuradores estatales, a secretarios de Seguridad Pública, a empleados del Poder Ejecutivo y nadie se atreve a tocar a los ministros de la Corte, jueces, magistrados..? ¿Acaso existen mexicanos de primera y de segunda, para confiar plenamente en unos y dudar de otros? ¿A partir de qué criterio, los empleados del Poder Judicial son intocables? ¿De verdad son dignos de confianza los ministros de la Corte, magistrados y jueces?
Es mucho lo que tienen que explicar los intocables del Poder Judicial, no sólo en los casos de la secuestradora francesa y de Caro Quintero. La corrupción está a la vista de todos, la conocen y la padece todo aquel que se acerca al Poder Judicial. La pregunta, en todo caso, es otra. ¿Hasta cuándo un poder fundamental como ese, seguirá en la opacidad? Al tiempo.
En el camino
A partir de hoy otro crimen impune, el de la CNTE, que dejará sin escuela a millones. (Tomado de El Debate).